Buenos Aires, condenada a la inundación por fallas del planeamiento urbano
En su nuevo libro, Antonio E. Brailovsky repasa 500 años de historia de lluvias y postula que los vecinos deberían adaptarse a la convivencia con el agua, por más que eso haga que las propiedades pierdan valor. enrique garabetyan Año tras año, los habitantes de Buenos Aires asisten a una escena repetida: llueve copiosamente, muchos barrios se inundan y la ciudad queda, literalmente, cortada. Al bajar el agua, el funcionario de turno promete obras que “solucionarán definitivamente el tema”, mientras negocia indemnizaciones con los vecinos afectados. Pero el compromiso asumido sólo quedará en las palabras. “Es difícil aceptarlo porque no se visualiza, pero el área urbana de Buenos Aires se ha extendido –desde hace décadas– sobre las cuencas de inundación de varios arroyos y en la parte inferior de la barranca del Río de la Plata. Y aunque ahora el agua circule entubada y las construcciones parezcan haber domado al ecosistema, la existencia de edificios no anula las leyes de la naturaleza: cuando llueve, el agua corre de las zonas altas a las bajas y si allí hay viviendas, se inundan.” Quien postulaesta idea es Antonio Elio Brailovsky, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la de Belgrano y docente de posgrado en la Universidad de La Plata, entre otras. Brailovsky acaba de publicar el libro Buenos Aires, ciudad inundable: por qué está condenada a un desastre permanente, donde repasa –con agilidad y detalle– cinco siglos de historia de inundaciones y sus consecuencias, y avanza con un análisis acerca de por qué se trata de un problema irresuelto y cada vez más grave, a pesar de las decenas de obras con las que se intentó resolver. Su hipótesis resume un hecho antipático, pero que la experiencia muestra real. Se pregunta este economista devenido en ecologista: “¿Nos atreveremos a aceptar que no hay solución definitiva al alcance para las inundaciones y que la mejor gestión de las crecidas es aquella que acepta esta realidad?”. “La idea constante de las sucesivas administraciones de la Ciudad es que una nueva construcción terminará con el problema de la inundación, y eso simplemente no es así”, le dijo a PERFIL. Y agregó: “Todas las obras pueden ayudar a atenuarlas, pero es muy difícil, y demasiado caro, saldarlas en forma total, simplemente porque demasiada gente vive en zonas inundables”. ¿Cuál es la respuesta que propone Brailovsky para enfrentar este fenómeno inevitable y natural? “Lo que deberíamos hacer es adaptarnos con medidas relativamente simples y no tan costosas, pero que permitirían capear mejor la llegada del agua, con menos daño económico y menos riesgo de pérdida de vidas”, propone. Alternativas. Entre las varias opciones, Brailovsky sugiere: “Ante todo, definir con claridad las zonas con riesgo de inundación. Y allí cambiar los Códigos de Edificación y de Planeamiento Urbano para adaptarlos a la realidad. En esas zonas habría que elevar el terreno de cada nueva edificación, prohibir garajes, hacer que el tendido de electricidad sea aéreo y poner cámaras de luz y de teléfono elevadas”. También señala que se podría hacer algo simple, como colocar puentes peatonales sobre la avenida Juan B. Justo y así evitar que los bomberos tengan que cruzar a la gente en un gomón, dice. El especialista propone, además, que las calles inundables y los edificios en riesgo(donde se sabe que habrá cortes de luz que pueden durar varios días) tengan luces de emergencia y baterías para heladeras y freezers de los comercios. “Tampoco estaría mal señalizar con semáforos las vías de escape alternativas para los autos, para facilitar evacuaciones y el flujo de tránsito. Y hay otras medidas simples que ayudarían como tener un arbolado urbano perenne y disminuir el cemento de las plazas para que haya más terreno con capacidad de absorción”. Negación. Antonio Brailovsky es consciente de que, aunque son simples, el problema es que se trata de medidas impopulares. “Es que impl ican que el ciudadano acepte oficialmente que vive en una zona inundable. Y eso hace, por ejemplo, bajar el valor de su propiedad. Esa es la razón por la que los propios habitantes no aceptan que el problema no tiene solución inmediata y cuando pasa un tiempo sin tormentas se olvidan de la úl-tima experiencia y vuelven a dejar el auto en un sótano que ya se inundó. O confían en la próxima obra que encara la administración de turno”, explicó Brailovsky. Ese fenómeno de negación también se expresa en el voto. Según este decano de la ecología en la Argentina, “la gente preferirá votar funcionarios que le digan lo que quiere escuchar. Y si una autoridad admite que la solución no es simple ni inmediata, corre el riesgo de rec ibi r mi les de juicios de personas asentadas ‘de buena fe’ en una zona inundable, pero en la que el Estado permitió legalmente construir”. Brailovsky finalizó sin concesiones: “En la Argentina, las víctimas de las crecidas son quienes dan el máximo respaldo a quienes las anegaron. En una sociedad en la que el valor de las propiedades es un bien más protegido que la vida, son muchos los inundados que no quieren escuchar la realidad y viven pendientes de la próxima –y seguramente inútil– obra mágica”
Dudas respecto a las declaraciones de ganancias de Minera Alumbrera
Se desconoce cuánto dinero se lleva del país Minera Alumbrera. Mientras que dos causas penales contra la empresa Minera Alumbrera (una por contaminación y otra por una multimillonaria evasión) se tramitan sin avances sustanciales en la Justicia Federal de Tucumán, la compañía de capitales extranjeros reportó en 2010 ganancias por la extracción de minerales por la friolera de 1.590 millones de dólares. Según un informe oficial recientemente difundido, Minera Alumbrera, que explota el Yacimiento Bajo la Alumbrera, en el departamento Belén, en la vecina provincia de Catamarca, extrajo y se llevó del país oro, cobre y otros metales de alto valor económico por un monto global de 1.590 millones de dólares, es decir unos 6.390 millones de pesos. De acuerdo al mismo informe, ese nivel de exportación que registró la empresa implicó un incremento de 20 % respecto del año anterior y el acumulado 1999-2010 suma unos 10.962 millones de dólares o sea 43.848 millones de pesos. Sin embargo, esas cifras son insignificantes si se las compara con los 40.000 millones de dólares que, de acuerdo a una demanda penal presentada hace más de un año por dos geólogos tucumanos, se habría llevado Minera Alumbrera en los últimos tiempos (ver "Investigación estancada"). En el informe oficial, se aclaró que este crecimiento respecto de 2009 es producto sólo de la suba de precios de estas commodities, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 2,4 por ciento para el concentrado de cobre, 22,3 por ciento, para el oro doré y 4,4 por ciento, para el molibdeno. Según el mismo documento, la composición de los envíos al exterior es de: 95,5 por ciento concentrado de cobre y oro, mientras que 3,5 por ciento es oro doré y el 1,1 por ciento restante molibdeno. El valor de las exportaciones del proyecto Alumbrera para 2010 significa 2,3 por ciento de las exportaciones totales del país, 10,5 por ciento de las exportaciones de productos primarios y 35 por ciento de las exportaciones del sector minero. Según la empresa, en 2010, el proyecto minero aportó a la economía argentina ingresos por un total de 3.916 millones de pesos, en concepto de pago de impuestos, regalías, salarios, aportes a la seguridad social, compra de insumos y servicios nacionales, entre otros. No obstante, es oportuno aclarar que a diferencia de las exportaciones normales, que le generan al país importantes ingresos, en el caso de esta compañía se ve beneficiada por el Decreto 753/2004, según el cual las mineras no están obligadas a ingresar al circuito financiero argentino los dólares producidos por la venta al exterior de lo extraído en territorio argentino. Investigación estancada Hace 15 meses fue presentada ante la Justicia Federal de Tucumán una denuncia sobre un ocultamiento de ganancias por más de 40.000 millones de dólares por parte de la firma Minera Alumbrera, en perjuicio del Estado nacional y de sus socios del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio-YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca). Sin embargo, la causa, que está en manos del titular del Juzgado Federal Número I, Daniel Bejas, sigue paralizada y no hubo un avance significativo en la investigación. La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que Minera Alumbrera solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio. De acuerdo a la demanda de los profesionales, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año. Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y al YMAD. En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca, hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude-evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares. La causa por contaminación Paralelamente a esa causa, en la Justicia Federal de Tucumán se investiga otra demanda contra Minera Alumbrera, que fue iniciada hace 13 años, por contaminación ambiental. La demanda fue planteada por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto a un grupo de organizaciones ecologistas y a la concejal de las Termas de Río Hondo Anita Loto, que acusaron a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique El Frontal. Por estos hechos, estuvo procesado el vicepresidente de la minera, Julián Rooney, luego de que en mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones lo considerara supuesto autor responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.051 (Residuos Peligrosos). En septiembre de 2009, la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del procesamiento. Sin embargo, Rooney sigue como imputado en la causa por violación a la citada norma. El último movimiento importante en la causa se produjo hace unos días, cuando el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó realizar nuevos estudios sobre el grado de contaminación actual del canal DP2, designando para esa tarea a tres ingenieros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT. Los querellantes expresaron su total disconformidad con esta medida, aduciendo, por un lado, que al ser la UNT socia de Minera Alumbrera en el YMAD la elección de peritos pertenecientes a esa casa de altos estudios no garantiza la imparcialidad necesaria para establecer si la firma minera sigue envenenando el agua. Por otro lado, plantearon que, después de 13 años de iniciada la causa, ya hay pruebas suficientes que constatan el daño ambiental ocasionado por la compañía minera.
La Basura y Las inundaciones en Villa Fiorito dos problemáticas ambientales graves.
Pueblos originarios en imágenes una deuda pendiente
